En el municipio de Consolación del Sur, varios actores económicos no estatales asumen el pago de más de 250 jubilados y pensionados de la Seguridad Social. Ello forma parte de las transformaciones económicas y sociales implementadas en el país en beneficio de este sector vulnerable.
Hasta el momento, cinco mipymes, un proyecto de desarrollo local (PDL) y dos trabajadores por cuenta propia (TCP) son los responsables de facilitar el cobro a jubilados y pensionados de varias localidades consolareñas.
“Esta modalidad de pago es para quienes hoy tienen su jubilación o pensión asociada a una cuenta con soporte en tarjeta magnética RED. El objetivo principal es acercarles el servicio y que no tengan que acceder a nuestras oficinas”, explica la directora de la sucursal del Banco Popular de Ahorro en el municipio, Yisel Cabrera González.
“Dentro de las mipymes –agregó– están: Complementos Triana, Fragancias Karen, JL Fernández, De todo en familia y Fuerza TGR. Como PDL tenemos el Bazar El Parqueo”.
Cabrera González manifestó, con respecto al pago a jubilados mediante los actores económicos, que este se prepara días antes de la fecha que corresponda en el calendario.
“Se hace un mapeo en los alrededores de la mipyme, PDL o negocio de TCP. En él participa un trabajador bancario. El jubilado firma una declaración en la que se compromete a no utilizar ese importe para otros fines, y autoriza al Banco a debitarlo cuando realice la conciliación con el actor económico al cierre del pago”, añadió.
Cabrera González explicó además que este mes inicia el pago a domicilio por parte de trabajadores bancarios en una primera etapa para los nacidos hasta el año 1949. Con esta nueva alternativa ascenderán a 391 los jubilados beneficiados en el territorio.
“Hasta este momento tenemos incluidos 14 trabajadores que brindarán el servicio en viviendas dentro del casco urbano y zonas aledañas. A esta modalidad están vinculados 139 jubilados”, informó.
El Eje temático 8, medida número 64, inciso a., de las transformaciones económicas y sociales en el país, establece la responsabilidad social comunitaria de todos los actores económicos, quienes, entre otras actividades, participarán en el pago a pensionados mediante convenios con los bancos.
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