En la sala primera de lo penal del Tribunal Popular Provincial de Pinar del Río tuvo lugar el juicio correspondiente a la causa 284 de 2025, por el delito de malversación e incumplimiento de preservar los bienes dadas las funciones que al momento de los hechos cumplían los ocho imputados.
En la vista oral y pública realizada de manera ejemplarizante, se presentaron pruebas documentales de testificales y periciales que demostraron el desvío de cilindros de gas licuado cometido por los acusados, a quienes fueron impuestas sanciones de 2 a 12 años de privación de libertad.
Los implicados en este hecho, ocurrido en diciembre del pasado año, son el entonces jefe de planta, dos jefes de brigada, varios agentes de seguridad y protección y un camionero de la Empresa de Suministros Agropecuarios de Los Palacios, según confirmó la vicepresidenta del Tribunal Popular Provincial de Pinar del Río, Mirka Morejón.
“Todas las sanciones están acorde con las solicitudes que se venían imputando por el Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta además la práctica de la prueba que se realizó durante los 2 días de sesión y todas las circunstancias alegadas por cada uno de los representantes procesales. Teniendo en cuenta todos esos elementos e igualmente, las características personales de cada uno de los acusados es que el tribunal decidió el fallo que hoy se hizo público en el acto de juicio oral”, explicó.
Mirka Morejón aseguró además que el proceso cumplió con todas las garantías procesales y del debido proceso pautadas por la Constitución de la República y la Ley del Proceso Penal. Aclaró que el carácter ejemplarizante del juicio no influye en la sanción que se impone a los acusados, sino que responde a la lesividad social del hecho.
“En este caso, es conocida la repercusión que tuvo el delito en la población de Pinar del Río, pues ocurrió en un momento en que el país pasaba por una situación bien compleja con la baja disponibilidad de gas licuado”, detalló la experta.
Como sanciones accesorias, el tribunal aplicó a los acusados la privación de los derechos públicos, la prohibición de salida del país durante el cumplimiento de su condena y la negativa de ejercer cargos administrativos.
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