Remembranzas a propósito de la Caravana de la Libertad (IV)

Autor: Pedro Abreu Mujica

*Imagen de uno de los intercambios de Fidel con el pueblo pinareño durante su primera visita a la provincia, después del triunfo de la Revolución. Tomada de Internet*.

En el recibimiento a la Caravana de la Libertad, el pueblo pinareño, representado en una imponente concentración popular el 17 de enero de 1959, apoyó la aplicación de la pena de muerte a los criminales de guerra de la tiranía de Fulgencio Batista.

Era un sentimiento nacional a pesar de la intensa campaña difamatoria que había desatado la prensa norteamericana, con eco en publicaciones de la llamada gran prensa de Cuba (1) todavía propiedad de la burguesía.

Fue la primera campaña mediática orquestada desde Estados Unidos contra la Revolución cubana. En esa época no contábamos, como años después, con los medios de difusión como patrimonio social ni con el capital humano formado en las facultades universitarias de periodismo y comunicación social.

No obstante, Fidel desarticuló esa campaña en apenas tres semanas, contando con el valioso apoyo de un grupo de talentosos y conocidos reporteros que estaban al servicio de la Revolución.

El máximo líder comentó los resultados de un survey (2) realizado por una agencia especializada: El 93% de los consultados estaba a favor del fusilamiento, un 2,73% en contra y el 4,27% restante no opinó o dijo otras cosas.

Calificó de extraordinario este resultado, de valor científico, que expresaba un estado de opinión unánime en nuestro pueblo que no tenía precedentes.

Creación de la base legal

Los familiares de las víctimas presionaban con insistencia para que se hiciera justicia cuanto antes. Se dirigían personalmente a las oficinas del comandante Escalona (3) o del capitán César (4) o lo expresaban a través de cartas a la radio.

Sin embargo, las nuevas autoridades no se podían precipitar ni actuar a la ligera. Requerían de un tiempo mínimo de espera hasta que el país creara el marco legal adecuado y posteriormente, procediera a constituir los tribunales, seleccionar los miembros, el personal auxiliar y algo imprescindible: asumir con profundidad las investigaciones, que ya estaban en curso, de cada uno de los casos y de los numerosos sospechosos o posibles implicados.

La justicia revolucionaria se aplicó a los miembros de los institutos militares, grupos paramilitares y elementos civiles -como eran los delatadores o “chivatos”- implicados en los asesinatos y otros crímenes.

En la prisión provincial de Pinar del Río habían alrededor de 300 detenidos. Ninguno podía decir que no sabía que algún día tendría que saldar la deuda contraída por las fechorías cometidas.

Fidel lo planteó en su alegato en el juicio por los sucesos del Moncada y en otras ocasiones durante la guerra de liberación. La “Radio Rebelde”, desde la Sierra Maestra, lo reiteraba casi todas las noches de una forma u otra, al mencionar las disposiciones legales dictadas por el alto mando rebelde que se aplicaban en los territorios liberados y que también estarían vigentes a nivel del país una vez derrocada la dictadura.

El Gobierno Revolucionario, en la Ley Fundamental del 7 de febrero de 1959, de carácter constitucional, mantuvo la vigencia de los preceptos legales y reglamentarios penales, civiles y administrativos promulgados por la jefatura insurreccional; en consecuencia, se incorporó al régimen penal la creación de los tribunales revolucionarios o consejos de guerra ordinarios y de apelaciones y el Reglamento No. 1 del Ejército Rebelde que estipulaba, entre otras, la pena de muerte por el delito de asesinato.

En el antiguo regimiento

En Pinar del Río, los juicios tuvieron lugar en el club de alistados (ordinarios) y club de oficiales (apelaciones), del antiguo regimiento. Los procesos transcurrieron con asistencia de público y periodistas.

En otra edificación del mismo campamento funcionó el entonces recién creado Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde (DIER), hasta que fue trasladado para la antigua residencia de un ex alto oficial del ejército batistiano, ubicada muy cerca, en la comúnmente conocida como Loma de los Coches.

El comandante Dermidio Escalona designó como jefe del DIER al comandante Manuel Nogueira Ramos (“El Tenientico”), reconocido por sus méritos durante la guerra y sus conocimientos y relaciones personales en casi todos los municipios de la provincia. Durante años había trabajado como chofer de un auto de alquiler que realizaba viajes diarios entre La Habana y Pinar del Río, hasta que se vio obligado a pasar completamente a la clandestinidad.

El 6 de octubre de 1958, Nogueira fue apresado por el sicario Esteban Ventura en La Habana (5), debido a una delación de un traidor infiltrado en los grupos de acción del Movimiento 26 de Julio. Ventura y sus secuaces lo golpearon brutalmente, a pesar de estar inválido como consecuencia de un tiro en la médula, disparado meses antes por un policía (6). Cuando no pudieron arrancarle ningún secreto lo encarcelaron en el presidio del Castillo del Príncipe, hasta el primero de enero de 1959.

Miembros de los tribunales, fiscales y abogados

*Tribunal Revolucionario presidido por el capitán José Ramón Álvarez Acosta (César). Foto del autor.*

Han pasado muchos años y todavía recuerdo los nombres de algunos de los miembros de los tribunales: doctores Luis Díaz Ortega, Delfín Ruenes y Juan Rivera, comandante José Argibay Rivero (Pepito), capitanes José Ramón Álvarez Acosta (César), Pablo Fernández Alegre, Rogelio Payret (Claudio), Luis Valdivia, Orlando Díaz (Tomás), primeros tenientes Fernando Novo, Luis Enrique Tellería, Antonio Peraza Dib, Senén Hernández Chirino y Carlos Mendoza.

Fiscales capitanes: Francisco Lemus Cuevas (Franco), José Antonio Arteaga Hernández (Pitute) y Antonio Ismail Hernández (Wichi) y el primer teniente Armando Pampillo. Secretarios: José Rodríguez Cala (Pepe) y Antonio Camps (Tony).

Los acusados seleccionaron los abogados de la defensa o se designaron abogados de oficio, entre los que se encontraban los juristas vueltabajeros: Antonio Anillo Sarmiento, Orlando de la Portilla y Rolando López Hidalgo (Bambo). También recuerdo la presencia de abogados de La Habana.

Ningún exceso

Se condenaron a muerte los más connotados criminales cuya participación en los asesinatos estuvo perfectamente comprobada. No hubo excesos, como ocurrió cuando la caída de Machado en 1933 y se debió a que Fidel en su discurso de la madrugada del 2 de enero en Santiago de Cuba, llamó al pueblo a capturar a los criminales y entregarlos para fueran juzgados.

Horas antes, el mismo primero de enero, observé en el cuartel 19 (Escuadrón 61 de la Guardia Rural) cómo se tomaron las medidas para evitar abusos o humillaciones con los uniformados que ya estaban en calidad de detenidos y que eran famosos torturadores o presuntos asesinos. Algunos querían ponerlos a comer hierba en el césped de la instalación y se les prohibió terminantemente.

Soy testigo de que no todos los arrestados en aquellas primeras semanas fueron procesados, ni la totalidad de ellos resultaron condenados. De una vez el Tribunal Revolucionario dejó en libertad a varios detenidos que estaban en la cárcel provincial sujetos a investigación, entre los que se contaban ex vigilantes y soldados, el que fuera alcalde de la propia prisión, el alcalde del municipio del Mariel y uno de los candidatos a la alcaldía de Pinar del Río en la farsa electoral del 3 de noviembre de 1958.

El que fuera alcalde municipal de Pinar del Rio por espacio de 17 años, incluidos todo el periodo del batistato, no fue detenido ni objeto de ningún proceso judicial, excepto -en su momento y con arreglo a la ley- la confiscación de los bienes que había malversado.

Vivió tranquilamente en la casa que había construido hacía pocos meses en la calle Polvorín, casi esquina a Delicias, hasta que decidió abandonar el país. Como él, otros importantes funcionarios públicos y célebres politiqueros.

En aquel proceso, incluso, desenmascaramos a batistianos que se pusieron el brazalete del M-26-7 de forma oportunista.

La clara visión de Fidel

En los primeros días se apresaron odiados esbirros que todo el mundo esperaba que fueran fusilados, pero no se les descubrió ningún asesinato, Fueron condenados a largas penas de prisión por infligir torturas y otros abusos.

Como denominador común, eran personas despóticas, abusadoras, miserables. Voy a citar tres de muchos ejemplos: uno de ellos era capitán de la policía, pero prestaba servicios como ayudante personal del jefe del Regimiento, el máximo jerarca militar de la provincia.

Este señor no perdía oportunidad para golpear a los revolucionarios en las manifestaciones callejeras o detenidos en el regimiento y la jefatura de policía. Pateó por los testículos a un joven que estaba preso y éste como secuela quedó infértil para toda la vida.

El esbirro fue condenado a una larga pena en prisión, pero cuando la cumplió, tuvo un trabajo en la ciudad hasta que se marchó del país. Después vino de visita a ver a sus familiares, no sé si más de una vez.

Otro esbirro: el temido sargento de la Guardia Rural conocido por “Cáscara de Piña”. Tampoco se le comprobó que llegara a cometer asesinato alguno, pero sí que dio mucho “plan de machete” y golpes. Cumplió la sanción impuesta en prisión, más de 20 años, y después lo vi muchas veces caminar por la calle Máximo Gómez, ignorado por la ciudadanía.

El tercer esbirro: el aborrecible “Guayabo”, soldado también del Escuadrón 61. Golpeaba a los detenidos de forma salvaje, pero no se comprobó que matara. Expiró larga condena de cárcel.

Puedo extenderme con la relación de las personas absueltas por el tribunal por no comprobarse la culpabilidad de ellas en delaciones y asesinatos; o que no fueron fusiladas, empero prefiero cerrar esta crónica con la afirmación del prestigioso jurista Miguel Ángel Duque de Estrada (7): “La visión de Fidel sobre cómo debía aplicarse la justicia revolucionaria salvó muchas vidas, e impidió que absolutamente nadie tomara la justicia por sus manos” (8).