Las dos centrales obreras de Argentina (CTA Autónoma y de los Trabajadores) repudiaron hoy el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la exmandataria Cristina Fernández, calificándolo como una «condena arbitraria».
En una declaración conjunta firmada por sus secretarios generales, Hugo Godoy y Hugo Yasky, señalaron:
“El pueblo argentino no se deja engañar. Frente a estas injusticias la respuesta será, como siempre, la movilización de la lucha en las calles, en defensa de los derechos conquistados y contra quienes pretenden transformar el Estado de un instrumento de negocios y exclusión».
Además, subrayaron que la sentencia no obedece a criterios de justicia, sino que forma parte de una estrategia de persecución política con el objetivo de proscribirla.
La mayoría de los gremios rechazó la decisión judicial que ordena el encarcelamiento y la inhabilitación política de la actual presidenta del Partido Justicialista, anunciando posibles medidas de fuerza.
Las centrales obreras denunciaron que, durante años, un entramado judicial y mediático no ha buscado esclarecer la verdad, sino disciplinar y eliminar políticamente a quienes defienden un proyecto para el campo popular.
En su comunicado, afirmaron que la «Causa Vialidad» representa un nuevo capítulo del lawfare en Argentina, caracterizado por irregularidades, acusaciones infundadas y una cobertura mediática destinada a estigmatizar sin pruebas.
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, también repudió lo que consideró un «ataque judicial contra Cristina Fernández».
La CATT, que agrupa a más de treinta sindicatos del transporte, sostuvo:
“Nos pronunciamos en contra de la proscripción y la persecución política contra Cristina (…) No tendremos democracia plena sin la libre participación de todos y todas».
Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), manifestó su preocupación por la falta de diálogo con el gobierno y criticó su actitud cerrada frente al conflicto social.
Rodríguez, quien también dirige el gremio de estatales, calificó el fallo como una «persecución política y una eliminación autoritaria de una candidata con derecho a competir electoralmente».
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), su secretario adjunto, Pablo Moyano, coincidió en que la condena es una «persecución política» y no descartó la posibilidad de un paro general.
Mientras tanto, en el Instituto Patria no descartaron que más sindicatos se sumen a las protestas en los próximos días.
Finalmente, el diputado y excanciller Santiago Cafiero advirtió que la condena a Cristina Fernández en la Causa Vialidad tiene repercusiones internacionales negativas, dañando la reputación de Argentina en el mundo.
(Con información y foto de Prensa Latina.)
