La tensión en Chicago no deja de aumentar ante la inminente posibilidad de que se despliegue la Guardia Nacional en la ciudad.
Esta medida se enmarca dentro de la «Operación Midway Blitz», lanzada a principios de septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Desde entonces, los arrestos, las redadas y las protestas se han vuelto una cotidianidad en la urbe de Illinois, donde la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha incrementado drásticamente.
La orden del presidente Donald Trump para desplegar a los efectivos de la Guardia Nacional de Illinois en Chicago ha topado con una firme oposición por parte de los líderes locales y estatales.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha salido al frente para criticar estos planes, que tachó de «ilegales e injustificados», insistiendo en que en Chicago no existe ni una «insurrección» ni una «invasión» que justifique el envío de cientos de tropas armadas.
Junto al alcalde Brandon Johnson y otros representantes y líderes locales, Pritzker acusó a Trump de buscar «justificar y normalizar» la presencia de soldados bajo su mando directo.
Advirtió que «no cederá» hasta que los agentes federales abandonen la ciudad y denunció la estrategia de la administración Trump de «causar caos, generar miedo y confusión, y hacer que los manifestantes pacíficos parezcan una turba».
El gobernador se preguntó abiertamente si el objetivo final de Trump era crear un pretexto para «invocar la Ley de Insurrección» y así poder enviar militares.
En respuesta, el estado de Illinois ha presentado una demanda para impedir el despliegue, alegando que la federalización y el uso de los soldados son «inconstitucionales y/o ilegales».
Algunos analistas anticipan que este desafío legal podría seguir el mismo camino que en Portland, Oregón, donde una jueza federal frenó los propósitos de la Casa Blanca.
Mientras tanto, el DHS justifica su operación de control migratorio argumentando que se centrará en los «inmigrantes ilegales delincuentes» que, según ellos, han acudido en masa a Chicago.
Funcionarios de la dependencia señalaron que se han realizado más de 500 arrestos y se han desplegado embarcaciones armadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el río Chicago.
Sin embargo, esta versión oficial se ve contradicha por numerosos reportes que incluyen detenciones de ciudadanos sin causa, el tiroteo mortal de un inmigrante mexicano a manos del ICE, arrestos de personas sin antecedentes penales y protestas cada vez más violentas frente al centro de detención del ICE en Broadview.
En el ámbito legal, una jueza se negó inicialmente a emitir una orden de restricción temporal para bloquear el despliegue, pero lanzó una severa advertencia al gobierno federal: «Si yo fuera el gobierno federal, haría una pausa en esto».
La magistrada dio al Departamento de Justicia hasta la medianoche del miércoles para presentar su respuesta, programando la próxima audiencia para el jueves, en un pulso que mantiene a la ciudad en vilo.
(Con información y foto de Prensa Latina.)
