¿Sabía que antes de construir el local de un nuevo negocio, una instalación turística o incluso, modificar la tecnología de un emprendimiento, la ley exige evaluar el impacto que tendrá esa acción en el medio ambiente?
Aunque para algunos suene a burocracia, el trámite conocido como licencia ambiental representa en realidad un escudo protector para nuestro entorno.
Con el ánimo de esclarecer dudas en torno al tema, conversamos con Yunaika Méndez Hernández, directora de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) en Pinar del Río. Esa entidad es una autoridad reguladora con diversas funciones; entre ellas, tramitar y otorgar los procesos de licenciamiento ambiental a todas las inversiones, tanto nominales como en cada una de las esferas productivas, de servicios o sociales.
La ORSA, por tanto, vela por que cualquier proyecto, grande o pequeño, cumpla con las normas antes de comenzar su ejecución.
«La licencia ambiental es el acto jurídico mediante el cual el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente otorga la autorización para determinada obra, proyecto o actividad que está refrendada en el artículo 124 de la Ley 150 o Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, y deja claro y explícito todos los objetos de obra que obligatoriamente tienen que ser sometidos a un proceso de evaluación de impacto ambiental», explica Méndez Hernández.
Presas, canales, instalaciones químicas, turísticas, hospitalarias, rellenos sanitarios… la lista es extensa y abarca más que las obras nuevas. Según apunta la directiva, «la expansión, la modificación, el cambio tecnológico… todo pasa por ese proceso; a veces las personas desconocen que si van a cambiar de tecnología, deben solicitar licencia y el artículo 125 deja claro que usted tiene que someterse a un proceso de evaluación porque el impacto de la tecnología nueva no es el mismo que tiene la anterior».
Cambiar un proceso o reanudar una obra paralizada también requiere esta evaluación, y ello aplica para empresas estatales, cooperativas, MIPYMES y trabajadores por cuenta propia. El proceso es riguroso, pues se trata de demostrar que el proyecto es viable ambientalmente.
«Si el proyecto incumple las normas relacionadas, por ejemplo, con la generación de residuales, o está planificado en una zona costera donde no se puede construir; si no tiene los requerimientos establecidos, la oficina tiene la facultad de denegar esa licencia y, por ende, la actividad no procede», aclara la entrevistada.
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Más allá de ser un requisito legal, la licencia tiene un propósito superior, prevenir daños ambientales; por ello, incumplir lo estipulado tiene consecuencias.
«Existe un decreto contravencional para la persona que, debiendo tener licencia ambiental, no la solicita. Y lo importante no es la multa, sino el resultado negativo que puede ocasionar la inversión sobre determinado ecosistema, alterándolo».
Al final, se trata de conciencia. La licencia ambiental es la herramienta que nos obliga a pensar en el «después» y en las huellas que dejamos en el planeta. Invertir o emprender con responsabilidad ambiental no es una opción, es la única vía sostenible.
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