Con el objetivo de lograr un documento jurídico más integral que las resoluciones o normas afines de los últimos años, sesionó en Pinar del Río la consulta pública del Anteproyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cuba.
En la cita, académicos, científicos y otros actores hicieron sus aportes al texto con criterios y sugerencias que contribuirán a su enriquecimiento de forma constructiva.
En este sentido, trascendieron preocupaciones relacionadas con el vínculo de la ciencia, el desarrollo local, y los centros educacionales municipales; la necesidad de incentivar al potencial humano, sobre todo a los que por muchos años hicieron aportes al país, e incluso, a los jóvenes cuyos conocimientos, fuerzas y habilidades resultan esenciales para el desarrollo.
A estos criterios se suma la opinión de la coordinadora de la filial pinareña de la Academia de Ciencias de Cuba, la Dra. Marisela González Pérez.
A su juicio, el texto del anteproyecto cumple las expectativas de integrar el cuerpo legislativo con relación a la tecnología, la ciencia y la innovación. No obstante, considera, requiere aún de revisión y trabajo colectivo.
“Esta ley que tenemos en la mano todavía necesita mucho perfeccionamiento en diferentes aspectos. Y las propuestas apuntan a eso.
“Hay que potenciar el papel de la innovación en el sistema empresarial como proceso fundamental bajo la dirección de la máxima administración de las empresas. Si no tenemos eso, no vamos a tener cierre de ciclo, ni habrá innovación. Por tanto, hace falta que la empresa asuma el rol de movilizar a todos sus trabajadores y fuerzas creativas en función de buscarle solución a los problemas desde el conocimiento y la innovación. Para esto es muy importante la gestión interna del conocimiento en las empresas, y eso hay que incorporarlo”, señaló.
Ciencia y producción de la mano para una soberanía alimentaria, en Pinar del Río
Agregó que “la ley debe lograr un balance de investigaciones en los diferentes campos, incluyendo la ciencia social. Todavía no está reflejado de forma adecuada el tema de la ética para la investigación en cuanto a lo que tiene que ver con rigor, calidad, normalización, metrología. Esos aspectos tampoco están lo suficientemente acabados…”
Por su parte, el director jurídico del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Daimar Cánova González, presente en el debate del anteproyecto de ley en Pinar del Río, comentó que los principios de política que rigen esta norma se basan en debilidades constatadas en un diagnóstico previo.
“En el caso de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, ese diagnóstico arrojó elementos que abarcaban asuntos como el insuficiente financiamiento, sobre todo del sector empresarial, o sea, que el financiamiento de la ciencia fuera fundamentalmente presupuestario; el hecho de que buena parte de ese financiamiento es en moneda nacional, lo que dificulta la compra de productos o servicios necesarios para la ciencia y que solo se adquieren en divisa.
“Una de las quejas fundamentales de los científicos ha sido tener resultados de investigaciones y estudios y que estos queden engavetados. Entonces, el hecho de puedan ser aplicados es la única vía que conectará la economía con el conocimiento y eso redundará en mayor beneficio económico directo o beneficios sociales en sentido general”.
La propuesta de anteproyecto de Ley general de ciencia, tecnología e innovación de Cuba la conforman ocho capítulos que abarcan todos los niveles científicos e incluyen una amplia diversidad de actores.
Basada en principios como la necesidad de la planificación, de la evaluación y de la ética y el humanismo en función de los resultados e impactos científicos en el país, la norma repercutirá en la sociedad, la economía y la gestión del conocimiento.
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