El abogado Gregorio Dalbón, quien fuera defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el presunto delito de abuso de autoridad.
La acción legal se originó tras las declaraciones del mandatario en una entrevista con el canal LN+, donde afirmó ser «el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa» en referencia a la condena de la líder opositora.
La letrada Valeria Carrera presentó una acusación similar, y ambas causas tramitarán en los tribunales de Comodoro Py.
Las polémicas declaraciones de Milei ocurrieron en el contexto de la renuncia del diputado José Luis Espert, principal candidato de La Libertad Avanza, quien se vio envuelto en un escándalo por sus vínculos con un narcotraficante condenado.
El Presidente atribuyó la situación a una operación kirchnerista, y en ese marco reivindicó su rol en el encarcelamiento de Fernández.
Para Dalbón, esta afirmación no constituye una simple opinión política, sino la «admisión de un acto de poder ilegal» que coloca al Presidente por encima del Poder Judicial, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional.
El abogado sostuvo que el mandatario se atribuyó facultades reservadas exclusivamente a la Justicia, configurando una clara violación de la división de poderes.
En su fundamentación, el letrado invocó el artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, que habilita la revisión de sentencias firmes cuando se pruebe la falsedad o ilegitimidad de las pruebas.
«Si un jefe de Estado reconoce haber influido en un proceso judicial, la sentencia dictada bajo esa influencia carece de validez», argumentó Dalbón, añadiendo que en cualquier «país serio» esta confesión bastaría para iniciar un juicio político.
El jurista remarcó la gravedad de las declaraciones presidenciales: «Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala. Confesó que la Justicia no es independiente».
Además, vinculó la frase con la actuación de jueces y fiscales durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), en el marco de lo que definió como una estrategia de persecución judicial contra la principal dirigente opositora, quien fue condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación política perpetua.
(Con información y foto de Prensa Latina.)
