El presidente Javier Milei ha vuelto a vetar una serie de leyes clave que destinaban fondos a la salud pediátrica y a las universidades públicas.
Frente a esta decisión, un Congreso desafiante se prepara para celebrar una sesión especial la próxima semana con el objetivo de derogar estos vetos.
La oposición ampliada tiene previsto reunirse el próximo miércoles para anular específicamente el veto a la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y al financiamiento universitario.
Además de estos temas, el Congreso deberá debatir el rechazo del mandatario a la legislación propuesta por los gobernadores, que estipula la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y de los impuestos a los combustibles correspondientes a las provincias, y que actualmente se encuentran retenidos por el ejecutivo.
Paralelamente a la acción legislativa, se han convocado movilizaciones en todo el país.
Se anunciaron paros nacionales y protestas callejeras contra la política de ajuste del gobierno, comenzando este viernes con la paralización de actividades en el Hospital Garrahan y en todas las universidades, además de un «ruidazo» previsto para esta noche.
La Cámara de Diputados, que originalmente aprobó estas leyes con amplio margen, buscará una vez más desafiar al ejecutivo. Este enfrentamiento marca el inicio de la campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, con dos nuevas derrotas parlamentarias para el oficialismo.
Líderes congresionales del peronismo, Encuentro Federal, el radicalismo, la izquierda y la Coalición Cívica celebraron una reunión virtual para definir un plan de acción y acordaron convocar la sesión para el miércoles 17.
Por su parte, el Frente Sindical Universitario acordó un plan de lucha que comenzará este viernes con un paro general, con el objetivo de generar presión social para influir en los aliados incómodos del oficialismo de aquí al miércoles.
Entre las disposiciones vetadas, la ley universitaria garantizaba la protección y sostenimiento del financiamiento de la educación superior en toda Argentina, incluyendo partidas presupuestarias específicas para el programa de desarrollo de la Educación Superior, que contribuye al ingreso, permanencia y finalización de estudios del alumnado.
La ley también estipulaba asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, asignando fondos para mejorar los recursos tecnológicos digitales y ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
Además, contemplaba partidas para fomentar la investigación, mantenimiento de infraestructura y equipamiento, garantizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica vetada establecía una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año.
(Con información y foto de Prensa Latina.)
