El gobierno de Bolivia, a través de su Cancillería, repudió de manera categórica el Informe de Derechos Humanos 2024 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, calificándolo como un documento «carente de rigor, unilateral e intervencionista».
La diplomacia boliviana denunció, en un comunicado oficial, que el informe fue elaborado «sin consulta ni consentimiento» del país, ignorando la realidad nacional y el funcionamiento de sus instituciones democráticas.
En un momento en que el país consolida su democracia, «a pesar de que se la pretendió destruir desde distintos frentes y a días de celebrarse las elecciones generales, resulta evidente que este informe pretende incidir en la política boliviana», señaló el texto.
El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Washington de intentar «erosionar la confianza ciudadana» en las instituciones bolivianas mediante afirmaciones «arbitrarias y sin fundamento».
Reiteró, además, el compromiso del Estado Plurinacional con los derechos humanos, destacando su participación en mecanismos internacionales como el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, donde Bolivia ha exhibido avances significativos.
La Cancillería subrayó que Bolivia seguirá cooperando con la comunidad internacional bajo los principios de diálogo respetuoso, no injerencia y apego al derecho internacional.
Asimismo, condenó cualquier intento de «utilizar los derechos humanos con fines políticos», alejados de su verdadero propósito.
El documento presentado por Estados Unidos critica las políticas del presidente Luis Arce, alegando que persisten «violaciones a derechos fundamentales».
Entre las acusaciones figuran: tortura y tratos crueles por parte de autoridades, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de prensa y expresión, incluyendo amenazas contra periodistas.
El informe también afirma, sin presentar pruebas concretas, que el gobierno boliviano «no ha investigado ni sancionado» a funcionarios implicados en abusos.
Con esta respuesta, Bolivia reafirma su postura frente a lo que considera una estrategia de desprestigio impulsada por potencias extranjeras.
(Con información y foto de Prensa Latina.)
