Cuba avanza hacia la creación de su primera Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, un marco jurídico anhelado para integrar y potenciar el Sistema Científico Nacional.
Recientemente, en Pinar del Río, una representación de la comunidad científica debatió el anteproyecto del documento legal, en un encuentro donde se analizaron sus fortalezas y los desafíos que aún persisten.
A fin de profundizar en lo que significa esta ley, conversamos con la doctora Marisela González Pérez, coordinadora de la filial provincial de la Academia de Ciencias de Cuba y profesora titular de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”.
La experta destaca que la nueva norma resulta fundamental para unificar, en un solo instrumento legal, los diversos decretos que hasta ahora regulaban el sector.
“Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad de una ley, que integrara las regulaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo, aquellas emanadas en los últimos cinco años y que responden a diferentes aspectos y subsistemas que tienen que ver con el desarrollo científico en Cuba”.
La doctora González Pérez reconoce avances significativos en el documento, pues “incluye un acápite destinado a la inclusión de mecanismos para dinamizar la exportación de productos de alto valor y la diversificación de las fuentes de financiamiento, un tema crítico para el desarrollo de las ciencias.
“Y con respecto a la innovación incluye un grupo de responsabilidades correspondientes a diferentes organismos, a la Administración Central del Estado, para que no suceda lo que pasa en la actualidad, que trabajan en direcciones diferentes, el CITMA por un lado y por otro, los OSDE; y hay muchas cosas de las que están establecidas que no han tenido feliz curso precisamente por ese desencuentro.
La ley como marco jurídico superior recoge todo esto y suponemos que entonces ya podamos exigir más en ese sentido”.
Sin embargo, la académica advirtió que el texto aún requiere mucho trabajo y perfeccionamiento. Uno de sus señalamientos lo dirige a la necesidad de que el sistema empresarial se apropie de esta ley, un eslabón que considera fundamental para cerrar el ciclo de la innovación.
“Incluso en el debate del anteproyecto la mayoría de los participantes provienen del sector de la ciencia, no del sistema empresarial. Seguimos arrastrando la misma debilidad, la misma deformación, seguimos identificando la ciencia con la universidad y el centro de investigación y no acabamos de entender que si el sector empresarial no se suma, no se cierra el ciclo, no hay innovación; y si no hay innovación, no hay transformación y no hay impacto económico, ni social, ni en el medio natural”.
De tal forma, la doctora González Pérez aboga por institucionalizar la gestión del conocimiento y la innovación dentro de las empresas, un concepto que, según su criterio, la ley actual no recoge de forma explícita.
“Es necesario que, por tanto, la empresa asuma el rol de movilizar a todos sus trabajadores y todas sus fuerzas creativas en función de buscarle solución a los problemas desde el conocimiento y la innovación”.
Entre otros aspectos a perfeccionar, la profesora pinareña menciona “la necesidad de balancear las investigaciones para incluir de manera más sólida a las ciencias sociales y reforzar los aspectos de ética, rigor científico y metrología”.
A pesar de los retos, la coordinadora de la Academia de Ciencias en Pinar del Río reconoció la valía del proceso de consulta nacional y la capacidad del equipo redactor para llegar a un resultado final que representará un avance significativo en Cuba.
La aspiración es que la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación genere el impacto económico y social que el país necesita.
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