El movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición en la Asamblea Nacional, condenó enérgicamente las acciones de intimidación del gobierno de Daniel Noboa contra los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador.
El bloque parlamentario difundió un pronunciamiento en redes sociales luego de la movilización oficialista encabezada por el gobernante en Quito, que exhibió fotografías de los magistrados en vallas públicas.
“Hostigar a los jueces, exhibir sus rostros, etiquetarlos, exponerlos públicamente, amenazarlos con destitución mediante una mayoría simple en la Asamblea o responsabilizarlos de la crisis nacional, no solo profundiza la confrontación, sino que aleja cualquier solución real”, afirmó la RC.
El texto añadió que el incremento de la violencia —con récords en homicidios, secuestros y extorsiones— es consecuencia de «políticas de recorte y abandono de lo público», no de fallos judiciales.
Revolución Ciudadana recordó que, desde su llegada al poder en noviembre de 2023, Noboa ha promovido más de una docena de leyes para supuestamente combatir la inseguridad, sin resultados.
«La responsabilidad recae en el gobierno por su incapacidad, indolencia y profundo desprecio al pueblo», subrayó el bloque opositor, rechazando el intento oficialista de usar a la Corte Constitucional como chivo expiatorio tras la suspensión de tres polémicas normativas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) respaldó las advertencias de RC, tildando la marcha de Noboa de «acto autoritario» para presionar a la justicia.
El organismo indígena destacó que las suspensiones judiciales responden a más de 30 demandas presentadas por organizaciones sociales y de derechos humanos, que demostraron el carácter inconstitucional de las reformas.
«Los verdaderos responsables de esta crisis son el Gobierno, cuyos proyectos de ley son abiertamente inconstitucionales y los asambleístas que los aprueban normas que desconocen principios básicos del Derecho Constitucional», remarcó la Conaie.
La tensión entre el Ejecutivo y la Corte se agravó después de que el tribunal bloqueara iniciativas clave del oficialismo, entre ellas reformas penales y medidas de excepción.
(Con información de Prensa Latina.)